El 23 de noviembre de 2023, Ana Clara Benevides murió en Río de Janeiro. Tenía 23 años. Estaba en primera fila esperando el concierto de Taylor Swift en el estadio Nilton Santos cuando se desmayó por el calor. La llevaron al hospital y no salió de allí. Las temperaturas esa noche superaban los 40 grados. Y, según se informó entonces, los asistentes no habían podido entrar con agua al recinto. Mil personas se desmayaron esa noche. Taylor Swift paró el show varias veces para repartir botellas entre el público.
Año y medio después, Brasil ha convertido esa tragedia en ley. Luiz Inácio Lula da Silva ha firmado dos decretos que el propio presidente ha bautizado como la «ley Taylor Swift». No es un nombre oficial, pero es el que ha quedado. Y tiene sentido, porque sin esa noche en Río, probablemente no existirían.
Lo que Ana Clara Benevides cambió para siempre en los recintos brasileños
Los dos decretos son concretos y van al grano. El primero obliga a que cualquier evento o recinto con más de 1.000 asistentes ofrezca agua gratuita, y permite que el público entre con sus propias botellas. El segundo apunta a otro problema que lleva años pudriendo la experiencia de ir a conciertos: la opacidad en el precio de las entradas. A partir de ahora, las ticketeras en Brasil tendrán que mostrar todos los costes adicionales de forma clara y desde el principio del proceso de compra. Nada de sorpresas en el último paso antes de pagar.
Son dos medidas que, por separado, parecen de sentido común. Juntas, y firmadas como respuesta directa a una muerte evitable, dicen algo sobre el estado en el que estaba la industria del espectáculo en Brasil antes de este momento.
Porque no murió nadie por un accidente imprevisible. Murió alguien porque no pudo hidratarse en un estadio con 40 grados, en un evento con decenas de miles de personas, organizado por una industria que factura millones. Eso no es mala suerte. Es una decisión tomada en algún punto de la cadena, y esa decisión tenía un precio.
España tiene una ley parecida, pero con más agujeros que un colador
Lo razonable ahora es preguntarse cómo estamos en España. La respuesta corta es que la ley existe, pero su aplicación es un desastre.
Desde julio de 2023, el Real Decreto 1055/2022 obliga a los promotores de eventos a garantizar el acceso a agua potable no envasada. El Real Decreto 3/2023 lo repite con otras palabras. En papel, cualquier festival o concierto en España tiene que ofrecer agua potable a sus asistentes.
El problema está en los detalles. La ley habla de agua potable no envasada, lo que en la práctica significa fuentes o grifos, no botellas gratuitas. Y no dice en ningún momento que ese acceso tenga que ser gratuito, a diferencia de lo que sí ocurre en hostelería. Tampoco prohíbe de forma explícita que te quiten la botella en la entrada, que es lo que pasa en la mayoría de los recintos. Puedes entrar sin botella, tienes derecho a agua potable dentro, pero nadie te garantiza que sea fácil de encontrar, que esté cerca, ni que no tengas que pagar por ella de alguna forma.
El Ministerio de Consumo ha aclarado que prohibir entrar con comida y bebida puede considerarse abusivo si dentro del recinto se permite su consumo mediante compra. Pero eso es una interpretación, no una prohibición clara. Y la diferencia entre una interpretación y una norma explícita es exactamente el margen que aprovechan los organizadores para seguir haciendo lo que quieren.
No es teoría. Madrid Salvaje y el Reggaeton Beach Festival ya han recibido sanciones por estas prácticas. A finales de julio pasado, Consumo anunció una multa de 320.000 euros contra la empresa organizadora del Reggaeton Beach, y entre las infracciones figuraba expresamente la de prohibir entrar al recinto con comida y bebida del exterior. La multa llegó. Pero la práctica seguía siendo habitual antes de que llegara.
El precio real de un concierto empieza mucho antes de la entrada
Hay algo que los decretos brasileños tocan y que en España todavía no se ha resuelto bien: la transparencia en el precio de las entradas. Cualquiera que haya comprado una entrada en los últimos años sabe de qué va esto. Ves un precio, haces clic, y en el último paso aparecen los gastos de gestión, la comisión de la plataforma, el seguro opcional que viene marcado por defecto, y a veces algún cargo más que nadie te había mencionado. El precio final puede ser un 20 o un 30 por ciento más alto que el que viste al principio.
Obligar a que esos costes aparezcan desde el primer momento no es una medida revolucionaria. Es lo mínimo. Que en 2025 haga falta una ley para conseguirlo dice bastante sobre cómo funciona el sector.
Con la información disponible por ahora, no está claro si la nueva normativa brasileña va a tener dientes reales o si quedará en papel mojado dependiendo de quién fiscalice su cumplimiento. Eso es lo que habrá que vigilar en los próximos meses, cómo se aplica en la práctica, qué pasa cuando un promotor la incumple, y si las sanciones son suficientemente disuasorias para cambiar comportamientos.
Lo que queda pendiente después de que Brasil firme y España mire
Ana Clara Benevides tenía 23 años y murió en un concierto. Eso no debería haber pasado. Y el hecho de que ahora haya una ley con su historia detrás no borra lo que pasó, pero sí establece un precedente que otros países deberían mirar con atención.
Brasil ha tardado año y medio en convertir esa tragedia en norma. España tiene legislación en el papel, pero con suficientes ambigüedades como para que los promotores sigan operando en zonas grises. La pregunta que queda en el aire no es si hace falta una regulación más clara. Es cuánto tiempo más tiene que pasar, y qué tiene que ocurrir, para que alguien decida escribirla sin agujeros.
Fuente original: La «ley Taylor Swift» entra en vigor en Brasil.
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